Dámaso Berenguer y Fusté

 

Nacido el 4 de agosto de 1873, en San Juan de los Remedios (Cuba), fue el primogénito del militar del mismo nombre destinado en Cuba, donde casó con Dolores Fusté, el 31 de octubre de 1872. Dámaso, siguió la carrera militar, como sus cuatro hermanos, continuando así la tradición familiar. El 2 de septiembre de 1889, con dieciséis años, ingresó en la Academia General Militar de Toledo, para pasar a la de Caballería de Valladolid, donde obtuvo en 1892 el grado de alférez. En 1893, como segundo teniente, se incorporó al Regimiento de Lanceros en Barcelona, y en octubre de 1894 fue destinado a Cuba, donde participó en la campaña, consiguiendo por méritos de guerra los ascensos hasta comandante, el 6 de abril de 1899 y varias cruces por su valor en los combates. 

    

    Tras la pérdida de la isla, continuó a las órdenes del general Luque, que era capitán general de Andalucía, como ayudante de campo, cargo que desempeñó desde el 1 de julio de 1899. El 13 de marzo de 1900 se casó en Madrid con su prima Ana María de Elizalde Fusté, con quien tuvo dos hijos, Ana María y Dámaso. En 1902 fue destinado al Regimiento Almansa de Pamplona y en 1903, al Regimiento de la Reina de Alcalá de Henares. En 1906 fue nombrado profesor de Táctica Aplicada en la Escuela de Equitación y participó en la elaboración del reglamento para la instrucción de Infantería. En 1909 ascendió, por antigüedad, a teniente coronel, siendo nombrado ayudante del ministro de la Guerra, y al concluir ese año se le confió el mando del escuadrón de Cazadores de Melilla. Desde entonces, su carrera militar se desarrolló en Marruecos. Estudió árabe y las tácticas de la guerra colonial.

Puesto al frente del Regimiento de Cazadores de Taxdirt el 30 de junio de 1910 y al mando de las fuerzas Regulares indígenas de Melilla en 1 de agosto de 1911, participó en numerosos combates, como los de Taurit Narich y Buxdar (del 8 al 14 de noviembre de 1911), Monte Arruit (18 de enero de 1912), Benibu-Yahi (19 de febrero de 1912) y Beni-Sidel (15 de mayo de 1912), que le valieron varias condecoraciones y el ascenso a coronel. El 10 de junio de 1913 se le ordenó abandonar Melilla para trasladarse con sus tropas a Tetuán, donde también participó en numerosas operaciones militares, por las que fue ascendido a general de brigada el 3 de julio de 1913 y se le concedió la Gran Cruz Roja al Mérito Militar y, con posterioridad, la Gran Cruz de María Cristina, lo que puso fin a su primera estancia en Marruecos. 

    Fue nombrado el 17 de febrero de 1916, gobernador militar de Málaga y general de la 2.ª Brigada de la 4.ª División y viajó a Francia, el 21 de marzo de 1917 como presidente de una comisión militar para estudiar el frente británico de operaciones de la Gran Guerra. Por Real Decreto de 5 de julio de 1917 fue ascendido a general de división y el 24 de agosto de 1918, nombrado subsecretario del Ministerio de la Guerra, cuyo titular era el general Marina, para unos meses después jurar como ministro de la Guerra en el Gobierno formado por García Prieto el 9 de noviembre de 1918, cargo que continuó desempeñando en el formado por Romanones el 5 de diciembre de 1918, hasta que dimitió por ser nombrado, el 25 de enero de 1919, alto comisario de la Comandancia General de España en Marruecos, con sede en la ciudad de Tetuán, al fallecer el general Gómez Jordana Jordana que lo desempeñaba y negarse los africanistas a que un civil ocupara el puesto. Nada más llegar a Tetuán intentó negociar la pacificación de la zona con los jefes locales de Yebala, pero al no lograrlo, gracias al coronel Cogolludo y el teniente coronel Castro Girona, se tomó la ciudad santa de Xauen, enclave para controlar la región. El nombramiento de Berenguer como alto comisario provocó la dimisión del gobernador militar de Ceuta, general Arraiz, puesto cubierto por el general Fernández Silvestre, que, además de compañero de carrera de Berenguer, había influido sobre el Rey para su nombramiento. Silvestre fue nombrado comandante general de Melilla a comienzos de 1920, para iniciar una ofensiva sobre el Rif. Aunque ni Berenguer ni el vizconde de Eza, ministro de la Guerra en el Gobierno conservador de Manuel Allendesalazar, estaban convencidos de contar con los medios necesarios para emprenderla; y aunque nadie lo impidió, Silvestre se puso en marcha. Ante la inesperada resistencia de las fuerzas organizadas por el caíd de la cabila Beni-Urriaguel, Abd-el-Krim, Berenguer, le aconsejó suspender el avance.

El 17 de julio de 1921, Silvestre remitió a Berenguer el siguiente telegrama: “[...] creo podría presentarse ocasión de infligir castigo a rebeldes, que se hallan en plena acometividad, y en este caso, contando casi totalidad probabilidades de éxito, ruego a V. E. me autorice [...]”, a lo que el alto comisario accedió. Todavía el día 20, cuando Silvestre le solicitó refuerzos porque la posición de Igueriben estaba ya en situación comprometida, le aseguró “que mañana se remediará”, y Berenguer le contestó que solicitaba del Gobierno medios de embarque para enviárselos inmediatamente. La campaña, deficientemente preparada y peor ejecutada, se frustró rápidamente y terminó en un auténtico desastre.

    A partir del 21 de julio las posiciones españolas en el Rif empezaron a desmoronarse una tras otra, en efecto dominó, al sucumbir al cerco de la guerrilla de Abd-el-Krim. En situación desesperada, esa noche del 21 de julio los oficiales decidieron emprender una retirada general por sorpresa, tan caótica, que se transformó en una auténtica carnicería al día siguiente, porque perecieron miles de soldados y el propio general Silvestre, que se suicidó. El desmoronamiento de Annual, la principal base militar del Rif, auspició un levantamiento general de los rifeños y la deserción masiva de las tropas Regulares, por lo que todas las endebles barreras establecidas, los blocaos, entre Annual y Melilla, ni intentaron resistir siquiera: “¡El pánico lo dominaba todo!”, según frase del propio Berenguer en el Senado. El único intento de contener la avalancha de la guerrilla lo organizó el general Navarro, quien reagrupó a los fugitivos y resistió en monte Arruit desde el 29 de julio; pero sitiada la posición y sometida a fuego de artillería, al agotar sus provisiones, el 6 de agosto Berenguer autorizó la rendición, lo que no impidió que a los dos días, tras pactar la entrega, muchos españoles fueran pasados a cuchillo y los demás hechos prisioneros. Unos diez mil soldados muertos y ochocientos cautivos fue el trágico balance del desastre de la campaña del Rif emprendida por el general Silvestre. Y si el desastre no fue total se debió a que Berenguer, al sucumbir Annual, dio orden de embarcar rápidamente las tropas de Yebala para defender Melilla, a las que se sumaron las procedentes de Ceuta al mando del general Sanjurjo, lo que impidió la inminente caída de la ciudad. Ante semejante desastre militar, Berenguer presentó la dimisión como alto comisario y comandante en jefe del Ejército de África, y el ministro de la Guerra, vizconde de Eza, ordenó al general Picasso (4 de agosto de 1921) realizar una investigación oficial, paso previo a la dimisión del Gobierno de Allendesalazar, al que sucedió uno presidido por Maura el 13 de agosto de 1921, con Juan de la Cierva en la cartera de Guerra. El nuevo Gobierno mantuvo a Berenguer en el puesto y ordenó al general Picasso que se abstuviera de investigar la actuación del alto comisario para concretarse “a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa en las operaciones”.

    Berenguer quedaba así al margen de la investigación, y el Gobierno le mandó planear y emprender una contraofensiva que empezó el 12 de septiembre de 1921 y, en pocas semanas, recuperó parte del terreno perdido. Como recompensa se presentó en las Cortes un proyecto de ley firmado de puño y letra por el rey, el 25 de octubre de 1921, “ascendiendo a Teniente General, por méritos de guerra, al General de división Don Dámaso Berenguer”. El proyecto contaba con el preceptivo informe favorable del Consejo Pleno Supremo de Guerra y Marina. Este reconocimiento oficial provocó rechazo y malestar en la opinión pública y Berenguer fue acusado en la prensa de no hacer nada para rescatar a los prisioneros.

    En el Congreso, el diputado socialista Indalecio Prieto apuntó a las relaciones entre el rey y el general Silvestre en la sesión de 27 de octubre de 1921, y el grupo liberal presentó una proposición sobre la depuración de responsabilidades, mientras que en el Senado el general Weyler censuraba duramente la forma de llevar a cabo la campaña y el general Primo de Rivera, el 25 de noviembre de 1921 propugnaba, sin ambages, el abandono de Marruecos. Pero, el Gobierno aprobó la segunda fase del plan de Berenguer, que pretendía acelerar la campaña en Yebala para completar después la del Rif y ocupar efectivamente todo el Protectorado. Maura presentó la dimisión. El encargado de formar Gobierno fue el jefe de los conservadores J. Sánchez-Guerra el 8 de marzo de 1922, que rechazó la dimisión presentada por Berenguer a condición de retrasar la última fase de la ofensiva militar. En el Parlamento, el 4 de mayo de 1922, Indalecio Prieto puso en conocimiento de las Cámaras del informe del general Picasso, concluido el 18 de abril de 1922, mientras la prensa exigía responsabilidades. Dicho informe, ponía al descubierto los graves fallos cometidos. El general Picasso concluía que “la responsabilidad ha de imputarse en primer término al Mando, que con inconsciencia, incapacidad, aturdimiento o temeridad provocó la caída”, pero no dejaba libre de responsabilidad a cuantos “no han sabido responder al cumplimiento de sus indeclinables deberes [...], absteniéndose, eludiendo o excusando su participación personal, suscribiendo capitulaciones incomprensibles, evadiéndose del territorio, desamparando posiciones o abandonándose a desatentada fuga, presa de pánico insuperable”. Elevado el expediente al Supremo de Guerra, el fiscal militar imputó responsabilidad y, suplementó la ya extensa relación de imputados, con treinta y nueve jefes y oficiales, y en último lugar, el general Berenguer. El 10 de julio de 1922, recién llegado a Madrid el alto comisario, el tribunal acordó su procesamiento, solicitando el correspondiente suplicatorio, puesto que Berenguer había sido nombrado por el rey senador vitalicio por Real Decreto de 3 de enero de 1921, refrendado por Eduardo Dato. Al enterarse, por la prensa, dimitió en el acto como alto comisario y al día siguiente, 14 de julio de 1922, participó por primera vez en un debate en el Senado, precisamente sobre su dimisión, para defenderse aportando documentos que, leídos en la Cámara le exculpaban de negligencia y demostraban que actuó, siempre de acuerdo con el Gobierno, incluida la autorización para la rendición del general Navarro, adoptada por su estado mayor, al no poder socorrerlo. El Gobierno nombró para sucederle como alto comisario al general Burguete, y el presidente, tras asumir la cartera de Guerra, aceptó la creación de la Comisión en el Congreso, que quedó constituida el 21 de julio de 1922, para investigar las responsabilidades políticas del desastre militar de Marruecos. En esta Comisión los únicos que negaban la responsabilidad política del Gobierno Allendesalazar eran los conservadores (diez votos, debido a una ausencia), mientras que los demás comisionados la exigían, con la excepción del republicano Lerroux, que optó por no asistir para no pronunciarse. 

    Alcalá-Zamora proponía “votar la censura contra el Gobierno” de 1921. Pero el que pretendía ir más lejos era Indalecio Prieto, que formuló un voto particular que hacía responsable del desastre a Berenguer, Silvestre, Navarro y al resto de los jefes que se hallaban en la demarcación, pidiendo su separación del Ejército; a la vez que acusaba a los gobiernos conservadores de prevaricación ante el Senado, lo que afectaba al de Sánchez-Guerra, que presentó la dimisión el 7 de diciembre de 1922, acogida en el Congreso con algunos gritos de vivas a la República y mueras al rey. El nuevo Gobierno liberal, presidido por García Prieto nació, tras la dimisión de Sánchez-Guerra, con el compromiso de convocar elecciones para que las nuevas Cortes. Constituidas las Cortes tras las elecciones, en las que el Gobierno liberal obtuvo la mayoría, en el Senado la tramitación del suplicatorio de Berenguer dio lugar a una fuerte controversia entre partidarios de la concesión, y la oposición conservadora, lo que motivó un grave incidente entre el general Aguilera, que quería “hacer justicia por encima de todo”, y Sánchez-Guerra. Berenguer solicitó al presidente del Senado, el levantamiento de su inmunidad y, finalmente, el suplicatorio fue concedido por aclamación el 28 de junio de 1923. Mientras tanto, en el Congreso, la Comisión creada el 11 de julio de 1923 para entender en las responsabilidades políticas empezó a recabar documentación y a tomar declaración a los comparecientes, entre los que se encontraban altos mandos del Ejército, hasta que el 24 de julio de 1923 interrumpió su labor por vacaciones, mientras, la instrucción del proceso militar, a cargo del general Ayala, continuaba su curso lentamente, por lo que la marcha de la depuración de responsabilidades no satisfacía a la opinión pública y en cambio irritaba a gran parte del Ejército.

    El pronunciamiento militar del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 vino a poner fin a la investigación parlamentaria de responsabilidades políticas, campaña que, según el dictador, había sido promovida, precisamente, por los que eran los verdaderos culpables de lo sucedido. La Comisión de responsabilidades, convocada para votar el dictamen el 18 de septiembre de 1923 no pudo reunirse al quedar disueltas las Cortes. Pero el proceso militar continuó su curso. El 19 de junio de 1924 comenzó la vista del juicio ante el Supremo de Guerra, presidido por Weyler, contra Berenguer, para quien el fiscal solicitó veinte años de reclusión y pérdida de empleo. Aunque defendido por el general García Benítez, que solicitó sentencia absolutoria, resultó condenado el 26 de junio de 1924 como responsable “del delito militar de negligencia” a la pena de “separación del servicio y el pase a la situación de reserva”, aunque le alcanzó la amnistía que por Real Decreto de 4 de julio de 1924 concedió el presidente del Directorio para todas las condenas desde su advenimiento al poder. Berenguer no sólo se reintegró al Ejército, sino que fue ascendido a teniente general por Real Decreto de 23 de julio de 1924, continuando en situación de “disponible” en Madrid. El 13 de octubre de 1924 fue detenido al participar en un banquete en homenaje a Sainz Rodríguez en el hotel Palace, en el que se profirieron gritos contra Primo de Rivera, resultando condenado a seis meses de arresto el 31 de octubre de 1924, ingresando el 2 de noviembre de 1924 en el castillo de Guadalupe, de donde salió al ser indultado por el rey por Real Orden de 21 de enero de 1925, y nombrado, por Real Decreto de 27 de marzo de 1925, capitán general de la VIII Región, con sede en La Coruña, cargo que desempeñó hasta el 1 de septiembre de 1926, y por el que se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo. Por Real Decreto de 31 de agosto de 1926 fue nombrado jefe de la Casa Militar del rey y comandante general de Alabarderos, por lo que acompañó a los reyes en sus visitas y viajes. A raíz de uno de estos viajes a Marruecos, se le concedió, por Real Decreto de 14 de octubre de 1927, el título de conde de Xauen, a instancia de Primo de Rivera.

Cuando Primo de Rivera se percató de que ya no contaba con el respaldo del Ejército, puesto que había perdido la confianza regia, presentó la dimisión, y el rey le encargó formar Gobierno a Berenguer, quien aceptó “por lealtad al rey y a mi Patria”, lo que no fue mal acogido porque era “el más civil de todos los militares”. El cometido del nuevo gobierno era preparar el terreno, auspiciando la reconstrucción de los maltrechos partidos monárquicos, para volver a la normalidad constitucional mediante la convocatoria de elecciones a Cortes. El mismo día de la jura solemne en Palacio, 30 de enero de 1930, Berenguer, que también se reservó la cartera de Guerra, anunció que su objetivo era “pacificar los espíritus y atender la administración, marchando con buen deseo y al paso que las circunstancias lo consientan, hasta llegar a la muy deseada normalidad jurídica y constitucional”. Berenguer, que atravesaba una situación personal difícil por el fallecimiento de su mujer el 12 de enero de 1929, nombró al general Mola director general de Seguridad. Las elecciones generales que convocó tuvieron que ser, insólitamente, desconvocadas por el último Gobierno de la Monarquía ante la hostilidad política imperante. Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Berenguer, fue poner en libertad a los detenidos gubernativos y promulgar una amplia amnistía el 6 de febrero de 1930 que permitió reintegrarse a sus puestos a todos los sancionados por la dictadura. La medida fue bien acogida, aunque se desencadenó en Cataluña el asalto a los locales de la Unión Patriótica y las protestas contra los ayuntamientos que seguían en sus manos, ante lo que el Gobierno decidió disolverlos en toda la nación, lo que desintegró al partido de Primo de Rivera. Desalojó del poder a los alcaldes “upetistas” y ante las dificultades presupuestarias, anunció un “plan de restricciones y economías” que afectó severamente a los ambiciosos planes de obras publicas en construcción, con lo que reapareció el desempleo, agravado por una terrible crisis agraria en Andalucía, que alimentó el descontento social contra la Monarquía, vinculada a la denostada dictadura, como puso de manifiesto el mitin político pronunciado por Sánchez-Guerra en el teatro de la Zarzuela de Madrid el 27 de febrero de 1930. Este mitin tuvo un efecto demoledor para la Monarquía en la opinión pública, que responsabilizó al rey del advenimiento de la dictadura, mientras que el pronunciado por Alcalá-Zamora en el teatro Apolo de Valencia el 13 de abril de 1930, fue el catalizador del republicanismo.

    Estos dos actos públicos actuaron como un revulsivo político promoviendo una auténtica desbandada del campo monárquico al republicano. Ante esta situación, el Gobierno decidió prohibir los mítines y mantener la censura de prensa, aunque autorizó la celebración del Primero de Mayo, que coincidió con la llegada de Unamuno a la capital, pero debido al persistente clamor de responsabilizar al rey por la dictadura, el Gobierno quiso salir al paso con una declaración que favoreciera la reconstitución de los viejos partidos monárquicos, incapaces de reconstituirse. El republicanismo avanzaba haciendo mella en el ánimo del Gobierno al comprobar cómo los republicanos accedían a la presidencia de instituciones culturales que luego utilizaban como tribuna de propaganda antimonárquica. A comienzos del verano el presidente se comprometió públicamente a convocar elecciones a Cortes antes de fin de año, permitiendo abiertamente todos los actos de propaganda política. Pero los distintos líderes antimonárquicos desconfiaban de la adhesión de las masas a la causa del republicanismo, por lo que se reunieron en San Sebastián el 17 de agosto de 1930 para organizar una conspiración que permitiera derribar al régimen mediante una insurrección militar secundada por una huelga general revolucionaria. El primer partido que se lanzó a la campaña de propaganda electoral, a principios de septiembre, fue la Unión Monárquica Nacional, fundada por los incondicionales del dictador poco antes de fallecer éste en París, lo que destapó a la oposición organizada públicamente contra el Gobierno de Berenguer, el cual se encontró con la exigencia de los líderes del Partido Liberal (Romanones, García Prieto y Santiago Alba) de que se les entregara el Gobierno y que las elecciones administrativas debían preceder a las legislativas, mientras que el mitin republicano de la plaza de toros de Madrid del 28 de septiembre de 1930 en el que intervinieron, entre otros, Azaña, Lerroux, Alcalá-Zamora, M. Domingo y Martínez Barrio, desbordó todas las previsiones y tuvo una repercusión enorme. 

En otoño, el llamado Pacto de San Sebastián empezó a dar su fruto en forma de un perceptible aumento de la conflictividad laboral por fútiles pretextos, las reuniones clandestinas de grupos revolucionarios y los recurrentes intentos de agitación social, en los que participaban activamente la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT). El Gobierno, para aplacar los ánimos, anunció el 14 de noviembre de 1930, la celebración de elecciones legislativas el 1 de marzo de 1931, lo que tuvo un efecto contraproducente. La excesiva permisividad del Gobierno, que le valió el remoquete popular de dictablanda, no conseguía aplacar los ánimos de la oposición, porque el error Berenguer estribaba en pretender volver a la normalidad constitucional como si no hubiera pasado nada desde 1923, creyendo a los españoles, gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar. En un informe de la Dirección General de Seguridad se aseguraba que el fin perseguido por esta agitación era de indole revolucionaria, por lo que el Gobierno preveía una intentona militar, pero sin saber ni donde ni cuando. El Comité Revolucionario, surgido del Pacto de San Sebastián, había fijado la fecha de 15 de diciembre de 1930, pero el capitán Fermín Galán quiso adelantarse y logró insubordinar en la madrugada del 12 la guarnición de Jaca, proclamando un bando en el que amenazaba con pasar por las armas a todo el que se opusiera a la República naciente. Sometida militarmente esta insubordinación, Galán y su ayudante fueron condenados a muerte en juicio sumarísimo y ejecutados el domingo 14, lo que causó una impresión profunda en todo el país, que el Comité quiso aprovechar intentando desencadenar inmediatamente la sublevación de otras guarniciones para culminar el día 15 con un movimiento general.

    Pero la detención de parte del Comité, presidido por Alcalá-Zamora, y la escasa incidencia de la huelga general convocada por los socialistas, determinó el fracaso del movimiento revolucionario. El Gobierno consideró liquidado el asunto el día 20, tras aplastar la sublevación de la base aérea de Cuatro Vientos, y otros conatos en distintos puntos de España. Pero apenas superado este intento revolucionario, que minó la ya menguada credibilidad del Gobierno de Berenguer, cobró importancia la agitación universitaria y la campaña pro amnistía de los líderes del Comité encarcelados. En esta situación crítica,  Sánchez-Guerra y un grupo de líderes conservadores lanzaron la consigna, el 29 de enero de 1931, de “abstenerse totalmente de participar en la lucha electoral que el gobierno anuncia”. Ante este boicot electoral, letal para el Gobierno, Berenguer anunció el 31 de enero de 1931 la supresión del infausto artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, la eliminación de las “consultas” del monarca para la formación de gobierno, la derogación del Estado de guerra y el pleno restablecimiento de las garantías y derechos constitucionales, para asegurar así la más escrupulosa transparencia y neutralidad electoral del Ejecutivo. Pero no le sirvió de nada, porque, excepto la Unión Monárquica Nacional y los conservadores seguidores de Bugallal, todos los partidos se fueron sumando a la postura abstencionista. A pesar de ello, a propuesta del presidente de Gobierno, que se encontraba convaleciente, el rey firmó el 7 de febrero de 1931 el decreto de convocatoria de elecciones generales en la fecha comprometida, lo que obtuvo larespuesta del “Manifiesto de los intelectuales por la República”. Tras aprobar el Consejo en su última reunión, el 11 de febrero, un crédito de 8,5 millones de pesetas para paliar la grave situación del paro obrero en Andalucía, el general Berenguer presentó la dimisión al conocer que también los liberales, mediante un subterfugio de Romanones, boicoteaban las elecciones legislativas. El rey, en tal situación, le encargó formar Gobierno a Sánchez-Guerra, pero como declinó el encargo recurrió a la fórmula de un Gobierno de concentración monárquica presidido por el almirante Aznar el 18 de febrero de 1931, del que los liberales aceptaron formar parte, y Berenguer se resignó a seguir desempeñando la cartera de Guerra. Lo primero que hizo este Gobierno fue convocar primero elecciones administrativas y después las legislativas a Cortes, que tendrían el carácter de Constituyentes. En la Gaceta del 3 de marzo Consejo aprobó la nueva convocatoria electoral: municipales, el 12 de abril; provinciales, el 3 de mayo, y las generales a Cortes, el 7 y el 14 de junio. En las elecciones del día 12, según los datos oficiales, las candidaturas monárquicas obtuvieron la mayoría del número de concejales electos, 22.150, pero perdieron en la mayoría de las capitales, aunque no superaron los 5.775 concejales. Ante estos resultados, el Comité revolucionario convirtió la derrota electoral en una victoria favorable para la República. Según la nota facilitada a la prensa por Alcalá-Zamora, que concluía manifestando su intención de actuar con presteza para implantar la República. El Gobierno, aunque llegó a declarar el Estado de guerra, al no contar con el Ejército ni con la Guardia Civil para impedirlo, claudicó, y Romanones negoció con Alcalá-Zamora la inmediata salida del Rey del territorio nacional.

El Gobierno provisional de la República, formado por los integrantes del Comité revolucionario, que a última hora de la tarde del día 14 de abril tomó el poder, acordó en su primera reunión, solicitar a través del fiscal, A. Galarza, el procesamiento del general Berenguer por el desastre de Marruecos y supuestas irregularidades en las condenas a muerte impuestas por la rebelión de Jaca. Berenguer decidió presentarse el 17 de abril de 1931 ante el ministro de la Gobernación, que le impuso arresto domiciliario, y en cumplimiento del Decreto de 22 de abril de 1931, pasando por Orden de 27 de abril de 1931 a la situación de “disponible”, y por Decreto de 28 de mayo de 1931, a la de “2.ª reserva”, para ingresar en las prisiones militares de Madrid a disposición de la Comisión de Responsabilidades de las Cortes Constituyentes el 6 de septiembre de 1931, situación en la que permaneció durante más de dos años, hasta que finalmente fue absuelto en 1935 por el Tribunal Supremo de Justicia de las acusaciones de la Comisión de Responsabilidades.

    Al margen de toda actividad pública, se fue a vivir a la quinta familiar de Hernani nada más salir de prisión, y allí se dedicó al estudio de las Bellas Artes, su gran afición, y a redactar el libro que da cuenta de su experiencia en los dos últimos gobiernos de la Monarquía, aunque esta vida familiar placentera desde que se retiró se vio jalonada por sucesos tan dramáticos como el atentado que le costó la vida a su hermano Fernando en su propia casa de Albernia o el bárbaro asesinato de su hermano Luis, comandante de Infantería, cometido en Madrid al estallar la Guerra Civil. Apenas concluida ésta, el teniente general Berenguer solicitó el 29 de agosto de 1939, del Ministerio de la Guerra del Gobierno de Burgos, autorización para fijar su “residencia en Reserva” en San Sebastián, donde vivió en compañía de su hija Ana María, pero donde falleció, el 19 de mayo de 1953, a consecuencia de una trombosis, fue en su domicilio de la calle Atocha, número 15, de Madrid. El entierro, por expreso deseo del fallecido, tuvo carácter privado, aunque asistieron algunos ministros, varios ex ministros, familiares y amigos. Los funerales se celebraron en la sacramental de San Lorenzo de la capital y presidió el duelo, su hermano el general Federico Berenguer.

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Ramón Martín